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Principal > Columnas > Inventario > Semana del 18 al 24 de agosto de 2003

Cuando la impunidad es la regla y no la excepción.

Por: Jaime Eduardo Prieto Osorio.


Luis Carlos Galán/ Jaime Garzón

Cada año, a mediados de agosto, se conmemoran los aniversarios de dos de los asesinatos más dolorosos en la historia reciente de Colombia. El 18 de agosto de 1989 fue acribillado por sicarios Luis Carlos Galán y el 13 de agosto de 1999 lo fue Jaime Garzón.

La cercanía de sus aniversarios no es lo único que une a las memorias de estos dos grandes colombianos. También las acercan la hombría de bien, la honradez, la valentía y el profundo amor por su patria. En diferentes campos de la vida pública —Galán como líder político y Garzón como humorista— representaron para millones de compatriotas innegables motivos de esperanza, alegría y orgullo.
 

Pero quizá los sentimientos que mejor identifican los recuerdos que guardan dolorosamente los colombianos sobre sus muertes son el enorme vacío, la impotencia y la vergüenza que deja la impunidad.

Aunque los separaron diez años, las circunstancias de los dos asesinatos parecen extraídas de una receta para cometer crímenes convenientes para varios sectores distintos, y cuyas investigaciones conducen a conclusiones vagas y equívocas y, por ende, a la impunidad. Esta fórmula ha sido exitosa a lo largo de toda la historia de Colombia, pero especialmente en las últimas décadas.

Hoy nos aterra e indigna el hecho de que Íngrid Betancourt, ex candidata presidencial, se encuentre secuestrada por las FARC desde hace dieciocho meses. Es sin duda un hecho infame y de la mayor gravedad. Pero la amnesia, enfermedad que en Colombia alcanza niveles de epidemia, nos ha hecho olvidar un período reciente de nuestra historia nacional, comprendido entre 1987 y 1990, durante el cual ¡fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales!: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León-Gómez cayeron bajo las balas disparadas por sicarios pero pagadas por oscuras fuerzas que todavía no han sido plenamente establecidas.

A pesar de sus marcadas diferencias ideológicas, a todos los identificaba el deseo de cambiarle el rumbo al país dentro de la civilidad y la democracia, aun después de haberlo intentado por la vía de las armas, como fue el caso de Pizarro. Pero las posibilidades —mayores o menores según el caso— de que ellos llegaran al poder amenazaban los intereses de diversos sectores del país: los narcotraficantes, los políticos corruptos —principalmente por el dinero de los primeros— y los sectores más recalcitrantes —tanto del establecimiento como de la guerrilla—.

Después de muertos, a los cuatro los unió un sino trágico adicional: sus crímenes no fueron plenamente resueltos. Y es que por la forma en que se desarrollaron los acontecimientos posteriores a los asesinatos no se podía esperar resultados distintos.

Inmediatamente después de la muerte de Galán, varios organismos de seguridad del Estado se apresuraron a señalar culpables y a mostrar capturados ante la opinión pública, azuzados por una prensa irresponsable, a la que entonces —aunque no tanto como ahora— sólo le interesaban el espectáculo, el escándalo y los niveles de circulación y audiencia.

Desde el principio hubo una sospechosa desviación de las pesquisas, quizá por incompetencia de los investigadores, pero seguramente en cumplimiento de las órdenes de los altos y medios mandos involucrados en la conspiración que consiguió eliminar a uno de los más claros y aguerridos enemigos del narcotráfico, la corrupción y la nefasta clase política que en ese entonces les servía a esos dos flagelos.

Muchos indicios que apuntaban a otros posibles autores intelectuales nunca fueron tenidos en cuenta y varias líneas de investigación fueron abandonadas a mitad de camino. Por esta razón, jamás se aclaró quiénes fueron los responsables por acción u omisión de las graves fallas presentadas en la protección de quien era el hombre más amenazado de Colombia.

Nunca se castigó la evidente negligencia de los funcionarios del DAS y los miembros de la policía que permitieron que reinara el caos en la plaza de Soacha durante las horas previas al ataque a Galán, lo que fue aprovechado por los asesinos para infiltrarse entre la multitud y ubicarse estratégicamente cerca de la tarima desde la cual el candidato haría una presentación ante sus seguidores.

Tampoco fueron investigadas las actitudes sospechosas del cuestionado jefe de seguridad de Galán —públicamente respaldado por el oscuro general Maza, director del DAS en esa época—, quien a sabiendas de que él mismo había fraccionado a la escolta le garantizó al candidato y a su gente que el acto político de Soacha era seguro, pero llegada la hora no subió con ellos a la tarima sino que se refugió en un vehículo blindado asignado a la campaña.

Por todo lo anterior, en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán la justicia colombiana fue más coja que nunca, pues tomó el camino equivocado, se demoró una eternidad en llegar y cuando lo hizo actuó sólo parcialmente. La mayoría de las personas detenidas por las autoridades, presentadas por los medios como responsables del magnicidio, debieron ser puestas en libertad después de varios años por falta de pruebas, pero ningún general respondió por sus errores y los de sus hombres.

Los verdaderos autores materiales, entregados a las autoridades por los esmeralderos, quienes libraban una feroz guerra contra el cartel de Medellín, fueron convenientemente asesinados. José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias "El Mexicano", y Pablo Escobar Gaviria, señalados como autores intelectuales del crimen, por haber sido quienes lo ordenaron y financiaron, murieron en enfrentamientos con las autoridades.

Pero los otros autores intelectuales, activos o pasivos, que impulsaron o favorecieron las acciones de los asesinos desde los sectores más corruptos de nuestra clase política nunca fueron tocados. Por eso el asesinato de Luis Carlos Galán sabe aún a impunidad.

También en el caso de Jaime Garzón las autoridades fueron muy eficientes para señalar responsables intelectuales y materiales. Como responsable intelectual acusaron a Carlos Castaño, jefe de las AUC, y como autores materiales a alias "Bochas" y "Toño", contra quienes cuentan con el cuestionable testimonio de una persona que dice haberlos visto claramente desde un cuarto piso a una hora en que apenas estaba amaneciendo.

A Castaño lo acusan de ordenar la muerte de Garzón para castigarlo por haber estado obteniendo un supuesto lucro económico de sus gestiones humanitarias para lograr la liberación de personas secuestradas por el bloque oriental de las FARC. Pero el jefe paramilitar ha negado varias veces su participación en los hechos, con la misma determinación con que ha reconocido su responsabilidad en otros crímenes, como los asesinatos de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en 1990.

Se ha conocido que investigadores oficiales y sus informantes venían siguiendo a Garzón desde más de seis meses antes de su asesinato. Al parecer lo único que encontraron fue la evidencia de que el humorista lograba comunicarse con facilidad y frecuencia con alias "Romaña", comandante de uno de los frentes más activos en la región del Sumapaz, ubicada al sureste de Bogotá. Esto es visto hoy como algo lógico, dada la intervención de Garzón para buscar la libertad de los secuestrados por ese frente.

Aun después del asesinato las autoridades siguieron dedicando hombres, tiempo y dinero a la inútil tarea de buscar el supuesto motivo del crimen, en lugar de perseguir a los verdaderos asesinos. Ésta ha sido otra investigación sospechosamente desviada, en la que los organismos de seguridad también han abandonado varias líneas de investigación importantes y han conducido el proceso por el camino que lleva a la impunidad.

Es indispensable que crímenes tan atroces y dolorosos para la nación, como los de Luis Carlos Galán y Jaime Garzón sean esclarecidos, no sólo para que se haga justicia, que es el mínimo derecho a la reparación que tiene una sociedad decente, sino para poder escribir la verdadera historia de Colombia, y sobre todo para que, al aprenderla, las generaciones venideras eviten cometer los mismos errores de omisión e impidan que los violentos y los corruptos se salgan impunemente con las suyas.

Qué falta nos hace hoy Galán, con su visión de país, su patriotismo y su fuerza moral. Qué falta nos hace Garzón, con su creatividad, su ironía y su generosidad para buscar caminos de paz.

Los colombianos de bien tenemos derecho a exigir que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que todos los responsables de estos crímenes paguen por ellos, para que podamos recordar en paz a nuestros héroes caídos.

Debemos recordar que con impunidad no hay justicia, sin justicia no hay democracia y sin democracia no hay paz.

 
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