Pero quizá
los sentimientos que mejor identifican los
recuerdos que guardan dolorosamente los colombianos
sobre sus muertes son el enorme vacío,
la impotencia y la vergüenza que deja
la impunidad.
Aunque los separaron diez años,
las circunstancias de los dos asesinatos
parecen extraídas de una receta para
cometer crímenes convenientes para
varios sectores distintos, y cuyas investigaciones
conducen a conclusiones vagas y equívocas
y, por ende, a la impunidad. Esta fórmula
ha sido exitosa a lo largo de toda la historia
de Colombia, pero especialmente en las últimas
décadas.
Hoy nos aterra e indigna el hecho de que
Íngrid Betancourt, ex candidata presidencial,
se encuentre secuestrada por las FARC desde
hace dieciocho meses. Es sin duda un hecho
infame y de la mayor gravedad. Pero la amnesia,
enfermedad que en Colombia alcanza niveles
de epidemia, nos ha hecho olvidar un período
reciente de nuestra historia nacional, comprendido
entre 1987 y 1990, durante el cual ¡fueron
asesinados cuatro candidatos presidenciales!:
Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán
Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos
Pizarro León-Gómez cayeron
bajo las balas disparadas por sicarios pero
pagadas por oscuras fuerzas que todavía
no han sido plenamente establecidas.
A pesar de sus marcadas diferencias ideológicas,
a todos los identificaba el deseo de cambiarle
el rumbo al país dentro de la civilidad
y la democracia, aun después de haberlo
intentado por la vía de las armas,
como fue el caso de Pizarro. Pero las posibilidades
mayores o menores según el
caso de que ellos llegaran al poder
amenazaban los intereses de diversos sectores
del país: los narcotraficantes, los
políticos corruptos principalmente
por el dinero de los primeros y los
sectores más recalcitrantes tanto
del establecimiento como de la guerrilla.
Después de muertos, a los cuatro
los unió un sino trágico adicional:
sus crímenes no fueron plenamente
resueltos. Y es que por la forma en que
se desarrollaron los acontecimientos posteriores
a los asesinatos no se podía esperar
resultados distintos.
Inmediatamente después de la muerte
de Galán, varios organismos de seguridad
del Estado se apresuraron a señalar
culpables y a mostrar capturados ante la
opinión pública, azuzados
por una prensa irresponsable, a la que entonces
aunque no tanto como ahora sólo
le interesaban el espectáculo, el
escándalo y los niveles de circulación
y audiencia.
Desde el principio hubo una sospechosa
desviación de las pesquisas, quizá
por incompetencia de los investigadores,
pero seguramente en cumplimiento de las
órdenes de los altos y medios mandos
involucrados en la conspiración que
consiguió eliminar a uno de los más
claros y aguerridos enemigos del narcotráfico,
la corrupción y la nefasta clase
política que en ese entonces les
servía a esos dos flagelos.
Muchos indicios que apuntaban a otros posibles
autores intelectuales nunca fueron tenidos
en cuenta y varias líneas de investigación
fueron abandonadas a mitad de camino. Por
esta razón, jamás se aclaró
quiénes fueron los responsables por
acción u omisión de las graves
fallas presentadas en la protección
de quien era el hombre más amenazado
de Colombia.
Nunca se castigó la evidente negligencia
de los funcionarios del DAS y los miembros
de la policía que permitieron que
reinara el caos en la plaza de Soacha durante
las horas previas al ataque a Galán,
lo que fue aprovechado por los asesinos
para infiltrarse entre la multitud y ubicarse
estratégicamente cerca de la tarima
desde la cual el candidato haría
una presentación ante sus seguidores.
Tampoco fueron investigadas las actitudes
sospechosas del cuestionado jefe de seguridad
de Galán públicamente
respaldado por el oscuro general Maza, director
del DAS en esa época, quien
a sabiendas de que él mismo había
fraccionado a la escolta le garantizó
al candidato y a su gente que el acto político
de Soacha era seguro, pero llegada la hora
no subió con ellos a la tarima sino
que se refugió en un vehículo
blindado asignado a la campaña.
Por todo lo anterior, en el caso del asesinato
de Luis Carlos Galán la justicia
colombiana fue más coja que nunca,
pues tomó el camino equivocado, se
demoró una eternidad en llegar y
cuando lo hizo actuó sólo
parcialmente. La mayoría de las personas
detenidas por las autoridades, presentadas
por los medios como responsables del magnicidio,
debieron ser puestas en libertad después
de varios años por falta de pruebas,
pero ningún general respondió
por sus errores y los de sus hombres.
Los verdaderos autores materiales, entregados
a las autoridades por los esmeralderos,
quienes libraban una feroz guerra contra
el cartel de Medellín, fueron convenientemente
asesinados. José Gonzalo Rodríguez
Gacha, alias "El Mexicano", y
Pablo Escobar Gaviria, señalados
como autores intelectuales del crimen, por
haber sido quienes lo ordenaron y financiaron,
murieron en enfrentamientos con las autoridades.
Pero los otros autores intelectuales, activos
o pasivos, que impulsaron o favorecieron
las acciones de los asesinos desde los sectores
más corruptos de nuestra clase política
nunca fueron tocados. Por eso el asesinato
de Luis Carlos Galán sabe aún
a impunidad.
También en el caso de Jaime Garzón
las autoridades fueron muy eficientes para
señalar responsables intelectuales
y materiales. Como responsable intelectual
acusaron a Carlos Castaño, jefe de
las AUC, y como autores materiales a alias
"Bochas" y "Toño",
contra quienes cuentan con el cuestionable
testimonio de una persona que dice haberlos
visto claramente desde un cuarto piso a
una hora en que apenas estaba amaneciendo.
A Castaño lo acusan de ordenar la
muerte de Garzón para castigarlo
por haber estado obteniendo un supuesto
lucro económico de sus gestiones
humanitarias para lograr la liberación
de personas secuestradas por el bloque oriental
de las FARC. Pero el jefe paramilitar ha
negado varias veces su participación
en los hechos, con la misma determinación
con que ha reconocido su responsabilidad
en otros crímenes, como los asesinatos
de los candidatos presidenciales Bernardo
Jaramillo y Carlos Pizarro en 1990.
Se ha conocido que investigadores oficiales
y sus informantes venían siguiendo
a Garzón desde más de seis
meses antes de su asesinato. Al parecer
lo único que encontraron fue la evidencia
de que el humorista lograba comunicarse
con facilidad y frecuencia con alias "Romaña",
comandante de uno de los frentes más
activos en la región del Sumapaz,
ubicada al sureste de Bogotá. Esto
es visto hoy como algo lógico, dada
la intervención de Garzón
para buscar la libertad de los secuestrados
por ese frente.
Aun después del asesinato las autoridades
siguieron dedicando hombres, tiempo y dinero
a la inútil tarea de buscar el supuesto
motivo del crimen, en lugar de perseguir
a los verdaderos asesinos. Ésta ha
sido otra investigación sospechosamente
desviada, en la que los organismos de seguridad
también han abandonado varias líneas
de investigación importantes y han
conducido el proceso por el camino que lleva
a la impunidad.
Es indispensable que crímenes tan
atroces y dolorosos para la nación,
como los de Luis Carlos Galán y Jaime
Garzón sean esclarecidos, no sólo
para que se haga justicia, que es el mínimo
derecho a la reparación que tiene
una sociedad decente, sino para poder escribir
la verdadera historia de Colombia, y sobre
todo para que, al aprenderla, las generaciones
venideras eviten cometer los mismos errores
de omisión e impidan que los violentos
y los corruptos se salgan impunemente con
las suyas.
Qué falta nos hace hoy Galán,
con su visión de país, su
patriotismo y su fuerza moral. Qué
falta nos hace Garzón, con su creatividad,
su ironía y su generosidad para buscar
caminos de paz.
Los colombianos de bien tenemos derecho
a exigir que las investigaciones lleguen
hasta las últimas consecuencias y
que todos los responsables de estos crímenes
paguen por ellos, para que podamos recordar
en paz a nuestros héroes caídos.
Debemos recordar que con impunidad no hay
justicia, sin justicia no hay democracia
y sin democracia no hay paz.
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