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participación de todos los funcionarios
públicos —del Presidente de
la República hacia abajo— en
la campaña previa al referendo propuesto
por el Gobierno.
En la práctica, lo que se propone
es coartarle al gobierno del presidente
Álvaro Uribe la libertad de divulgar,
sustentar y defender el contenido del paquete
de reformas constitucionales que prometió
llevar a cabo durante la campaña
electoral que lo llevó al poder.
Como si la discusión de las mismas
en el Congreso hubiera sido suficiente para
que los electores las conocieran y entendieran
plenamente el alcance y la conveniencia
de cada una.
Falta el examen de la Corte Constitucional
y no es claro aún si todo el referendo
o una parte del cuestionario pasarán
la prueba de constitucionalidad, pero sí
parece justo que tanto el presidente Uribe
como los millones de ciudadanos que lo eligieron
en la primera vuelta —en claro respaldo
a su programa de gobierno— tengan derecho
a dar la pelea para que el referendo sea
votado positivamente.
En esta imperfecta democracia que tenemos,
ya es suficiente para el Gobierno y sus
electores tener que confrontar políticamente
con los opositores del referendo y con quienes
de manera mezquina llevan a cabo campañas
abstencionistas. No tiene sentido que deban
enfrentarse también a los conceptos
arcaicos de algunos juristas que hacen caso
omiso de las tendencias políticas
y jurídicas del mundo moderno.
La prevención de la oficina jurídica
de la Procuraduría estaría
justificada si se tratara de elegir entre
varios candidatos o favorecer a uno u otro
partido. Pero éste no es el caso.
Se debe permitir que tanto el Gobierno
como los opositores al referendo expongan
abiertamente sus tesis, como sucedería
en cualquier país democrático
y civilizado.
Quizás el problema de fondo es que
Colombia no lo es, y es necesario que existan
los referendos para que al menos lo parezca.
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Votación
