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Católica que en las mismas fuerzas
irregulares en conflicto.
Las FARC nunca han demostrado voluntad
de paz y, por el contrario, cuando los colombianos
y la comunidad internacional les exigen
detener su barbarie arrecian sus ataques
contra pueblos y caseríos poblados
por civiles indefensos, y multiplican sus
secuestros y extorsiones.
Hace algunas semanas el ELN decidió
marginarse del proceso de acercamiento que
se había emprendido con esa agrupación
guerrillera y reanudó sus ataques
a la infraestructura vial y eléctrica,
los retenes ilegales en importantes vías,
los ataques a la población civil
y los secuestros, incluido el de los periodistas
de Los Angeles Times.
Ahora, cuando se empezaba a aclarar el
panorama de un proceso de diálogo
con las autodefensas, el Bloque Élmer
Cárdenas (BEC), el de mayor poderío
militar de esa organización, decidió
apartarse de las conversaciones que buscaban
su desmovilización, a pesar de que
el gobierno se había mostrado dispuesto
a facilitar la reinserción de sus
integrantes a la vida civil y a hacer presencia
en las regiones que desde hace varios años
se encuentran bajo su control.
Precisamente el decreto 128 de 2003, que
establece condiciones y procedimientos para
que los paramilitares desmovilizados reciban
beneficios jurídicos como la suspensión
condicional de la ejecución de la
pena, la cesación de procedimiento,
la preclusión de la instrucción
o la resolución inhibitoria, fue
objeto de críticas por parte de analistas
de diferentes sectores, como León
Valencia, amenazado dirigente de la Corriente
de Renovación Socialista (CRS) —disidente
del ELN—, Rodrigo Rivera, presidente
de la Dirección Liberal, y Carlos
Rodríguez Mejía, de la Comisión
Colombiana de Juristas.
Los argumentos esgrimidos por los críticos
del gobierno en esta materia van desde la
preocupación por el hecho de darles
estatus político a las autodefensas
hasta el temor de que sus crímenes
queden impunes.
En todo caso parece que pasaron por alto
que el mismo decreto establece que "no
gozarán de ninguno de los beneficios
señalados quienes estén siendo
procesados o hayan sido condenados por delitos
que de acuerdo a la Constitución
Política, a la ley o a los tratados
internacionales suscritos y ratificados
por Colombia no puedan recibir esta clase
de beneficios", en clara alusión
a los crímenes de lesa humanidad
como los ataques generalizados y sistemáticos
contra la población civil, el asesinato,
la tortura y la persecución por motivos
políticos. Además, se define
que todos los beneficios jurídicos,
económicos y sociales podrán
concederse por una sola vez a cada persona
y se perderán cuando culmine el proceso
de reincorporación a la vida civil.
Pero estas previsiones parecen no satisfacer
los intereses y las expectativas de negociación
de alias Alfredo Berrío, "El
Alemán", comandante del BEC,
quien anunció en una carta a los
comandantes de las autodefensas, Carlos
Castaño y Salvatore Mancuso, y al
comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo,
su decisión de marginarse de las
mesas de conversación, alegando una
supuesta carencia de condiciones para continuar
haciendo parte del proceso de diálogo,
como consecuencia de la actitud de la guerrilla
en las negociaciones.
Con estas demostraciones de falta de voluntad
para dar el primer paso hacia la paz, parecen
alejarse las esperanzas de los colombianos
de vivir y trabajar tranquilamente en su
país, y seguiremos, como lo advirtió
Gandhi, cobrando ojo por ojo hasta quedarnos
todos ciegos.
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