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Principal > Columnas > Inventario > Semana del 14 a 20 de julio de 2003

Las dificultades de ser "Administradores de Herencias".

Por: Jaime Eduardo Prieto Osorio.


Alejandro Gaviria/ Alberto Carrasquilla (Minhacienda)

La existencia de un descuadre de 3.3 billones de pesos en las finanzas públicas para 2004, revelada —o recordada— la semana pasada por Alejandro Gaviria, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, desató una fuerte controversia en la han participado importantes dirigentes gremiales, investigadores, columnistas y opositores al Gobierno.

Aunque las sinceras preocupaciones de algunos de ellos ante la noticia son válidas, la sorpresa de varios analistas de la actualidad nacional tiene su origen en uno de los más arraigados males del país: la amnesia, que en casos como éste parece ser selectiva.
 

Muchos de ellos olvidaron rápida y convenientemente el honesto diagnóstico que este Gobierno hizo del enorme déficit fiscal que encontró y de las causas del mismo, así como su valiente actitud al asumir el costo político que le acarrearía llevar a cabo un programa serio de saneamiento de las finanzas del Estado.

El déficit previsto para el próximo año es, en un alto porcentaje, remanente del "hueco fiscal" heredado de las anteriores administraciones, que no tuvieron el valor y la voluntad política requeridos para luchar contra la corrupción y llevar a cabo reformas estructurales inaplazables, como las del régimen pensional y la burocracia estatal, con el fin de disminuir el desequilibrio en las finanzas del Seguro Social —cubierto año tras año por el Gobierno— y recortar sustancialmente el gasto público.

A esto se le han sumado el aumento de la deuda pública interna y externa —con el impacto adicional que tiene la devaluación sobre esta última—, la "bomba" pensional, el pago de la deuda social y el costo del programa de seguridad democrática emprendido por el Gobierno.

La actual administración cuenta con un estrecho margen de maniobra frente a la situación fiscal del país: no puede dejar de pagar la deuda o las pensiones, pero tampoco puede renunciar a realizar indispensables inversiones en salud, educación, servicios públicos e infraestructura. Y mucho menos puede dar un paso atrás en el propósito de mejorar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.

Quizás los únicos que no han intervenido aún en el debate fiscal son los responsables mediatos e inmediatos de la difícil situación económica de nuestro país: los ex presidentes y sus equipos económicos.

Basta con mencionar a las dos anteriores administraciones: el gobierno de Samper disparó el gasto público en su lucha por mantenerse en el poder —a pesar de los esfuerzos de quienes conspiraban en su contra desde todos los flancos para tratar de derrocarlo—, y el de Pastrana desgobernó al país en todos los aspectos —incluido el económico— y lo dejó en manos de los corruptos y los terroristas, mientras proyectaba hacia el país y el exterior una imagen positiva engordada a base de maquillaje y frivolidad.

Debido principalmente a la inestabilidad política, la inseguridad y la corrupción aumentaron el desempleo y la pobreza, se estancó la economía y disminuyeron los ingresos fiscales.

El difícil proceso de recuperación gradual y consistente del déficit fiscal exigirá un esfuerzo adicional de parte de todos los colombianos para asumir más impuestos, mediante la anticipación del inicio en el cobro del 2% de IVA sobre lo que está exento en la actualidad, el pago de un gravamen sobre las pensiones y la suscripción de bonos que serán concertados con el sector privado.

Pero también demandará ingentes esfuerzos por parte del Gobierno para luchar contra la evasión, la corrupción, la mala administración y la violencia, y para apoyar aun más la creación y la recuperación de empresas, con el fin de impulsar la generación de nuevos empleos, lo que aumentará la demanda, con el consiguiente efecto de reactivación de la economía y el sustancial incremento de los ingresos fiscales.

Nos tocará a todos empujar con fuerza en la misma dirección para sacar adelante la economía, y apoyar al Gobierno como lo hemos hecho mayoritariamente en otros aspectos. Lo peor que podríamos hacer ahora sería dejarlo solo en la lucha por recuperar al país de su profunda crisis.

Colombia merece y espera que nos convirtamos en los mejores administradores de herencias, a pesar de las enormes dificultades que deberemos enfrentar para convertir la pobreza en riqueza, la injusticia en justicia y la violencia en paz. De ese tamaño es nuestro reto.

 
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