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sociales del país, y en todos los
casos para calmar los insaciables apetitos
burocráticos de los jefes políticos
de turno.
Estos ajustes a la administración
pública y a la burocracia estatal
estaban contemplados en el programa de gobierno,
y para llevarlos a cabo el presidente recibió
del Congreso las facultades extraordinarias
contenidas en la ley 790 de 2002, por lo
cual nadie puede ahora declararse traicionado
o sorprendido. Quienes esperaban que la
reforma de Uribe fuera tibia o intrascendente
como las que intentaron los anteriores gobiernos
no han entendido aún que el país
tiene un Presidente distinto: decidido,
coherente y comprometido.
Históricamente, el Estado colombiano
fue excesivamente paternalista. Como cualquier
padre alcahueta e irresponsable, gastaba
más de lo que recibía para
poder ser el proveedor de las soluciones
a todas las necesidades nacionales y regionales,
tanto las prioritarias como las suntuarias.
De ahí el enorme déficit fiscal
que hoy tiene al país al borde de
la quiebra.
La triste realidad del Estado colombiano
es que ha estado más dedicado al
pago de la nómina oficial y a la
administración de la deuda que a
la inversión. La única forma
de darle un giro total a esta situación
es la reducción de los gastos de
funcionamiento.
Lo más seguro es que ésta
sea la única oportunidad que tendrá
el gobierno de Uribe para reformar el Estado.
Por eso es crucial que la aproveche para
tomar decisiones trascendentales —aunque
sean radicales y dolorosas— antes del
27 de junio, cuando vencen las facultades
extraordinarias.
El Gobierno debe dar continuidad a los
ajustes, para sacar al Estado de donde no
debe ni puede estar y para reducir sustancialmente
su tamaño. Es indispensable que se
descentralice la administración pública
y que los entes territoriales asuman de
una vez por todas sus obligaciones. El Estado
no puede seguir siendo el que hace todo
en Colombia —como quienes ciegamente
se resisten a las reformas creen que debe
ser—, pues por empeñarse en
ello termina haciéndolo todo pero
mal, y no puede concentrar sus esfuerzos
y recursos en la lucha contra la pobreza
y la violencia.
Después de tantos años de
corrupción, mala administración
y excesiva burocracia, el "timonazo"
que el gobierno del presidente Uribe debe
dar para corregir el rumbo de la nación
dejará a muchas personas sin empleo,
pero le ahorrará al Estado inmensos
recursos que podrá dedicar a la inversión
social y al desarrollo de programas que
produzcan nuevas oportunidades de negocios,
estimulen la creación de empresas
y generen empleo productivo —no burocrático,
que es más ineficiente y costoso—.
Esto debe hacerse porque es una urgencia
nacional, aunque está claro que el
Gobierno tendrá que enfrentar una
férrea oposición sindical
y política. Pero al final los resultados
positivos para el país terminarán
por darle la razón.
Las organizaciones sindicales, en parte
responsables de la ineficiencia y el estancamiento
de las más grandes empresas estatales
—y de la quiebra de muchas compañías
del sector privado—, representan a
menos de un millón y medio de los
trabajadores del país, y sus actividades
parecen más encaminadas a la defensa
de los privilegios de su dirigencia —la
"oligarquía del proletariado"—
que a las reivindicaciones sociales de la
mayoría de los colombianos. No tienen
entonces autoridad moral ni fuerza política
para oponerse al saneamiento del Estado.
Tampoco los políticos clientelistas
podrán dar al traste con el cambio
que se ha propuesto hacer el Gobierno Nacional.
Es clara su responsabilidad en el crecimiento
desbordado del Estado, y es a ellos a quienes
deben dirigir sus miradas acusadoras los
empleados oficiales que se quedarán
sin trabajo. Fueron estos políticos
quienes, a cambio de votos y otros favores,
hicieron crear para ellos —de la manera
más irresponsable— cargos que
el país no requería.
La reestructuración del Estado colombiano
va en serio y no para aquí. Después
del 27 de junio, el gobierno podrá
fusionar y suprimir entidades, porque así
se lo permiten sus facultades ordinarias.
De esta manera podrá seguir cumpliéndole
a la mayoría esperanzada que lo eligió,
y hará avances trascendentales en
la lucha contra la corrupción.
Y lo mejor es que ahorrará grandes
cantidades de dinero que podrá invertir
en la generación de empleo, que es
el paso fundamental hacia la erradicación
de la pobreza y el mejoramiento de la calidad
de vida de todos los colombianos.
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