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L o más novedoso de este documento
es el cambio de enfoque en la estrategia
diseñada para enfrentar a las organizaciones
terroristas. A diferencia de lo que hicieron
durante décadas las anteriores administraciones,
este gobierno no tiene como objetivo único
derrotar a los enemigos de la sociedad colombiana
o negociar indefinidamente mientras ellos
se fortalecen militarmente.
En el nuevo modelo lo primordial es la
protección de la seguridad de los
ciudadanos, y para alcanzar este fin las
fuerzas del orden estarán sometidas
a una mayor exigencia, pues el desempeño
de sus comandantes será calificado
con base en los logros alcanzados para disminuir
los índices de asesinatos, secuestros,
extorsiones, amenazas y desplazamientos
en las zonas que les sean asignadas.
Esto representa un cambio fundamental para
las estructuras jerárquicas de las
Fuerzas Armadas, pues a partir de la puesta
en marcha de la nueva política de
defensa las normas y los procedimientos
para el ascenso de oficiales y suboficiales
no estarán basados en la antigüedad
y la cantidad de antisociales capturados
o dados de baja, sino en la efectividad
de la inteligencia militar y de los operativos
de prevención de los ataques contra
la población civil por parte de los
terroristas.
La doctrina de seguridad democrática
está cargada de sentido común.
Parte de la base de que el origen de la
violencia no está en la pobreza ni
en la desigualdad sino en la falta de presencia
del Estado en todo el territorio nacional
y de su debilidad para ejercer la autoridad
que le confieren la constitución
y las leyes.
Además, reconoce que la violencia
es la causa principal de la inestabilidad
económica del país y, consecuentemente,
del desempleo y la pobreza, y no al revés,
como se sostenía en el pasado, para
explicar —y en muchos casos justificar—
la existencia y las operaciones de los grupos
insurgentes.
Este nuevo esquema de lucha antiterrorista
asigna a todos los sectores de la sociedad
sus propias cuotas de responsabilidad en
la búsqueda del éxito, que
no es otro que la protección de los
ciudadanos, la deslegitimación de
la lucha armada y el sometimiento de los
subversivos. Deja claramente establecido
que el deber de buscar, alcanzar y mantener
la seguridad no es exclusivo de las Fuerzas
Militares y la Policía sino de todos:
las tres ramas del poder público,
los ciudadanos colombianos y la comunidad
internacional.
Busca una mayor coordinación de
los esfuerzos combinados de las autoridades
y la población civil, mediante la
creación del Consejo de Seguridad
y Defensa Nacional, en el cual el Presidente
de la República coordinará
con los ministerios y la Fuerza Pública
la ejecución de la Política
de Seguridad Democrática, y de la
Junta de Inteligencia Conjunta, integrada
por los directores de los organismos de
inteligencia, cuya responsabilidad será
producir los análisis necesarios
para que el Presidente y el Ministerio de
Defensa puedan tomar las decisiones adecuadas.
Será indispensable la unidad de
propósito y criterio entre quienes
conforman la clase dirigente del país,
para que todos apoyen al Gobierno en este
enorme esfuerzo y dirijan sus esfuerzos
hacia un mismo lado. Y para esto es necesario
evitar que la búsqueda del lucimiento
personal y la defensa de intereses partidistas
o particulares den al traste con esta lucha
—que es de todos—.
De igual manera, los ciudadanos deberán
poner en juego toda su capacidad de colaboración
y sacrificio por el bien de Colombia: es
inaplazable un cambio radical de actitud,
para prevenir y denunciar los delitos y
a sus autores, cumplir con las obligaciones
tributarias, brindar empleo a los reinsertados
y ayuda a los desplazados...
En fin, para colaborar con las autoridades
en la búsqueda de la paz por el único
camino que, después de rechazar las
oportunidades que tuvieron, nos dejaron
los terroristas a los ciudadanos de bien:
el de la lucha frontal contra ellos, para
defender lo que nos pertenece y nos quieren
quitar: nuestro país.
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