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labor han hecho énfasis en el análisis
del comportamiento de los Estados —por
considerar que estos están obligados
a respetarlos y a hacerlos respetar—,
y generalmente —en especial las ONG's—
les dan menor importancia a los abusos que
cometen los grupos armados al margen de
la ley.
Pero esto no les resta trascendencia a
la evaluación y las conclusiones
a que ha llegado la oficina del Alto Comisionado.
El informe deja entrever que existe una
coincidencia cronológica entre la
ruptura del proceso de negociación
del gobierno de Andrés Pastrana con
las FARC y el inicio del aumento en el número
de casos de abusos por parte de miembros
de la fuerza pública denunciados
a entidades como la Defensoría del
Pueblo y reportados por las ONG's.
Esto resulta lógico. A partir de
esa fecha, y especialmente desde la posesión
del presidente Álvaro Uribe, las
acciones de las Fuerzas Armadas en contra
de la subversión han aumentado en
intensidad y frecuencia, y los policías
y soldados han estado expuestos a un mayor
número de situaciones en que los
derechos humanos de sus adversarios podían
verse afectados.
El compromiso adquirido por el Gobierno
desde la campaña electoral para enfrentar
con firmeza a los grupos terroristas y la
presión de los electores para lograr
resultados rápidos y contundentes
pueden haber influido en el comportamiento
de algunos miembros de la Fuerza Pública,
hasta llevarlos a extralimitarse en sus
actuaciones.
La necesidad de evitar nuevos ataques terroristas
en las ciudades puede haber dado lugar a
la urgencia de obtener información
oportuna y efectiva de las personas capturadas
por su probable participación en
este tipo de actividades. En estos casos,
el uso de métodos censurables como
la tortura y el aislamiento podrían
llegar a considerarse "justificables",
pues servirían para prevenir males
mayores.
En los últimos dos años,
la lucha contra el terrorismo ha adquirido
gran importancia en la agenda internacional,
y muchos la consideran prioritaria, aun
por encima de temas fundamentales como la
democracia y los derechos humanos. Esto
puede haber generado una tendencia a hacer
"aceptable" el uso de medidas
extremas en las acciones que se llevan a
cabo contra los terroristas.
Todo lo anterior podría explicar
lo que ha sucedido en Colombia durante los
últimos meses en relación
con los derechos humanos, pero no debería
servir de justificación. El Gobierno
y las Fuerzas Armadas tienen la obligación
de defender la vida, la honra y los bienes
de cada uno de los colombianos, y para conseguirlo
cuentan con el legítimo derecho al
uso de la fuerza, pero no pueden caer en
la tentación de utilizar los mismos
métodos de lucha de aquellos criminales
que a diario atentan contra su propio país,
y especialmente contra la población
civil.
Aunque los gobiernos de varios países
poderosos estén concentrando sus
esfuerzos en luchar contra el terrorismo
y le hayan restado importancia a la preservación
de los derechos humanos, la oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas seguirá
vigilando el cumplimiento de leyes, tratados
y convenciones que obligan al gobierno colombiano
y sus organismos de seguridad a respetar
el Derecho Internacional Humanitario.
En la lucha contra la subversión
no se puede correr el riesgo de cometer
excesos contra la población civil
y contra los enemigos de Colombia, pues
esto traería graves consecuencias
para la imagen nacional e internacional
del Gobierno, la Fuerza Pública y
el país en general.
Y no se les puede seguir "dando papaya"
a las ONG's defensoras de los derechos humanos,
para que sigan haciendo sus sesgadas denuncias
ante todos los que las quieran oir y leer,
en claros intentos por restarle legitimidad
a la lucha del Gobierno Nacional y de todos
los colombianos de bien por extirpar de
su país el cáncer del terrorismo
que lo ha venido carcomiendo.
Los colombianos ya sabemos que estas ONG's
son tuertas y sólo ven las violaciones
de los derechos humanos con el ojo izquierdo.
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