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Principal > Columnas > Inventario >Semana del 12 a 18 de mayo de 2003

El país político, todavía lejos del país nacional.

Por: Jaime Eduardo Prieto Osorio.


Presidentes de Brasil y Francia/ Íngrid Betancourt

Mientras la delincuencia organizada uniformada continúa su escalada terrorista contra nuestro país y arruina las vidas de millones de ciudadanos, y el desempleo amenaza con hacer explotar una bomba social, la clase política —salvo contadas y honrosas excepciones que permiten mirar al futuro con una reserva de esperanza— sigue dando la espalda a la realidad nacional.

Dedicados fundamentalmente a preservar intereses personales o grupales en detrimento de los intereses superiores de la nación, los propietarios de las microempresas electorales en que se han convertido los partidos políticos se resisten a ponerse del lado de quienes les han confiado su representación en las corporaciones públicas.

 
La falta de compromiso y de liderazgo nacional que caracteriza a nuestros dirigentes, quienes sólo alcanzan a ser líderes electorales, gremiales o sindicales, contrasta con la vocación de servicio y la capacidad de trabajo del presidente Uribe y sus principales colaboradores, quienes continúan empeñados en liderar cambios positivos para todos los colombianos, mediante la lucha frontal contra el terrorismo y la corrupción, con el fin de estabilizar la economía, hacerla crecer y crear las condiciones necesarias para generar empleo.

Enquistados en el poder legislativo y con sus tentáculos adheridos a todas las entidades oficiales, los pulpos politiqueros de hoy siguen cometiendo contra el país los mismos atropellos que llevaron a cabo sus antecesores, y que dieron lugar a la profunda desigualdad social y a la violencia política y económica protagonizada por partidos, bandoleros, guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares —por orden de aparición en el panorama del desastre nacional—.

La corrupción en Colombia ha llegado a niveles tan escandalosos como para costarle anualmente al fisco nacional una cifra cercana a los 2.2 billones de pesos (¡2.2 millones de millones de pesos!). Los informes de Transparencia Internacional, el Banco Mundial y la Vicepresidencia de la República coinciden en que la mitad de los contratos que efectúa el Estado colombiano con los particulares está inmersa en conductas corruptas. Además, como consecuencia de las irregularidades en los contratos, la Nación debe pagar un 20% de sobrecostos.

De acuerdo con las cifras presentadas la semana pasada por Claudia Jiménez, directora del Programa de Renovación de la Administración Pública, actualmente se adelantan procesos penales por 1.7 billones de pesos por delitos contra la administración pública.

Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Para comprobarlo, basta con observar el deshonroso puesto 72 que ocupa entre 100 países evaluados por Transparencia Internacional en relación con la eficiencia y la pulcritud de la administración del Estado, aspectos en los que se "raja" ampliamente, con una calificación de 2.9 sobre 10.

La situación es tan preocupante que el recaudo que se logrará con la más reciente reforma tributaria alcanzará a duras penas para cubrir el gigantesco agujero que abrió la corrupción durante el último año.

El sistema político colombiano está viciado de inmoralidad y antipatriotismo. En el Congreso Nacional, las asambleas departamentales y los concejos municipales, así como en las gobernaciones y las alcaldías, hay cientos de políticos corruptos que defienden oscuros intereses, contrarios a los de la mayoría de los colombianos.

Durante los últimos años, estos "honorables" representantes del pueblo han legislado a favor de los contrabandistas, los narcotraficantes y los terroristas de las guerrillas y las autodefensas. Por eso han defendido el funcionamiento de los sanandresitos, se han opuesto a la extradición, han puesto trabas a las normas tributarias y han llevado a cabo reformas injustificadas a los códigos penales.

Si los problemas de un país se empiezan a resolver por medio del aumento de la cobertura y la calidad de la educación y la salud, y con el establecimiento de una justicia social que garantice posibilidades de desarrollo personal para todos los ciudadanos, entonces el futuro de Colombia se encuentra peligrosamente amenazado, pues los recursos indispensables para cubrir las necesidades y hacer realidad los anhelos de los ciudadanos están siendo saqueados por los corruptos.

Pero en lugar de cerrar filas en torno a un propósito nacional de lucha contra el terrorismo y la corrupción, la clase política insiste en abrirles espacios para que sigan destruyendo al país.

Cegados por la ambición de dinero y poder, nuestros dirigentes no se han querido percatar de que por la brecha moral abierta por ellos han pasado todos los males y las tragedias de nuestro país: terrorismo, narcotráfico y pobreza. Algún día abrirán los ojos y verán con claridad la realidad, pero quizás será demasiado tarde para todos, inclusive para ellos.

 
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