haría enrojecer de vergüenza
a cualquier ciudadano del común en
un país civilizado y a toda la clase
dirigente de una verdadera democracia.
Estas características del electorado
colombiano favorecieron ampliamente los
intereses de los abstencionistas opositores
al Gobierno, quienes jugaron en el referendo
con cartas marcadas desde 1991, cuando los
integrantes de la Asamblea Constituyente
establecieron en el 25% el umbral de participación
electoral necesario para validar la votación
de los referendos.
De acuerdo con estas reglas de juego, el
Gobierno arrancó de cero su conquista
del voto ciudadano mientras la oposición
inició su campaña abstencionista
contando con la enorme ventaja de un 50%
de abstención histórica del
electorado. Si a esto se le sumaba la novedosa
aparición de la figura del referendo
en el panorama electoral colombiano y la
diversidad y complejidad de los temas consultados
en éste, era previsible la mayor
dificultad de su aprobación.
Es aquí donde aparece una de las
más graves inconsistencias del muy
peculiar sistema democrático colombiano:
para que los ciudadanos elijan a quienes
rigen los destinos del país, los
departamentos y los municipios, se tiene
en cuenta la mayoría simple de los
votos depositados sin importar en
la práctica de dónde provengan
ni cómo hayan sido conseguidos,
pero para reformar la constitución
y las leyes es necesario contar con los
votos de aquellos que nunca votan, bien
sea por ignorancia política, pereza
o falta de compromiso con el país,
o porque abiertamente no creen en la democracia
como sistema político.
La otra inconsistencia, tan grave o más
aun que la anterior, es la falta de exactitud
del censo electoral, en el cual aparecen
millones de colombianos residentes en el
exterior que no están registrados
para votar, militares inhabilitados para
hacerlo y una gran cantidad de ciudadanos
muertos. Este último caso es el más
aberrante de todos: si en la base de datos
de la Registraduría figuran todavía
Jaime Uribe Vélez, hermano del actual
Presidente de la República, quien
falleció hace dos años, y
el presidente Virgilio Barco, muerto hace
más de seis años, ¿cuantos
cientos de miles de cédulas de ciudadanos
fallecidos seguirán activas en el
censo electoral?
Los colombianos no podemos seguir construyendo
nuestra democracia sobre bases tan endebles.
Necesitamos unas reglas de juego electorales
modernas y coherentes, que nos permitan
a los demócratas quienes creemos
en el voto como el mejor instrumento de
manifestación política
reformar la Constitución, cambiar
y mejorar las leyes y desarrollar nuestras
instituciones con base en los deseos de
la mayoría de los votantes: algo
que con el híbrido actual no podemos
hacer.
De mantenerse la norma del umbral de participación
electoral es muy poco probable que algún
día un referendo sea aprobado en
nuestro país.
Es justo y necesario reconocer que, aunque
este referendo era legítimo por
haber cumplido todos los requisitos constitucionales
y legales antes de su presentación
al constituyente primario, tenía
varios defectos que deben ser previstos
y evitados cuando se convoca al pueblo para
que decida si las propuestas que se le presentan
se convierten en normas constitucionales:
cubría demasiados temas, mezclaba
de manera inconveniente asuntos políticos
y económicos, y el texto era excesivamente
extenso, árido, abstracto, oscuro
y, por lo tanto, difícilmente comprensible
para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Además, la campaña publicitaria
y la estrategia de medios diseñada
por los asesores del Gobierno fue excesiva:
saturó de referendo el día
a día de los colombianos y en muchos
de ellos produjo un efecto contrario al
buscado.
Está claro que un altísimo
porcentaje de los colombianos habilitados
para votar no conocen el valor del voto
ni entienden la importancia de participar
en los procesos electorales. Ésta
es una consecuencia de la carencia de formación
en valores cívicos y democráticos.
Resulta ridículo y vergonzoso, por
ejemplo, que en la Costa Atlántica
vote más gente para escoger a una
coterránea como ganadora de un "reality
show" que para elegir a los alcaldes
y gobernadores de su región o llevar
a cabo las apremiantes reformas políticas
contenidas en el referendo.
Esto demuestra una vez más que,
como sucede con la población de los
estratos sociales más bajos en la
mayor parte del país, los costeños
sólo votan cuando les obsequian dinero,
una botella de ron o un plato de sancocho
de bocachico. Como era de esperarse, los
políticos corruptos no compraron
votos por el referendo en efectivo
o especie, por la sencilla razón
de que las reformas políticas amenazaban
su imperio de corrupción. Pero al
día siguiente volvieron a las andadas:
en muchos municipios y departamentos resultaron
elegidos con votos comprados los candidatos
apoyados por los mismos politiqueros y clientelistas
de siempre.
Y, para acabar de completar el triste pero
real panorama de nuestra democracia, tres
semanas después de las elecciones
todavía no se conocen los resultados
definitivos. El Consejo Nacional Electoral
no ha concluido los escrutinios, y en muchos
municipios y varios departamentos no se
conoce el nombre de los respectivos alcaldes
y gobernadores. Tampoco se sabe si alguna
de las preguntas del referendo alcanzó
el umbral electoral.
Durante muchos años se ha dicho
que en Colombia todo es grave pero nada
es serio... Para muestra un botón:
la actual crisis de nuestro sistema democrático;
es tan grave que resulta poco serio que
tantos dirigentes políticos, analistas
y periodistas quienes son los llamados
a liderar y apoyar los cambios que el país
necesita se atrevan a cantar victoria
y pretendan mantenernos anestesiados con
cuentos tan gastados e inútiles como
aquel de que la nuestra es la "segunda
democracia más antigua de América"
y el más reciente de que el fin de
semana electoral fue un "triunfo de
la democracia".
Los resultados demuestran exactamente lo
contrario y, por muy duras que sean las
lecciones que nos dan la historia y la democracia,
todos estamos obligados a aprenderlas. O
seguiremos condenados a repetirlas.
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