| Los colombianos,
que a diario somos víctimas o testigos
de las acciones de los grupos terroristas,
vemos con asombro cómo se mezclan en
un mismo documento los informes y análisis
de organizaciones e investigadores serios
con las interpretaciones tendenciosas y sesgadas
de auxiliadores políticos de las guerrillas.
Es una cohabitación que no tiene justificación
en la falta de recursos suficientes para que
cada organización publique su propio
informe.
Es bien conocido el apoyo político
y el soporte económico con que cuentan
varias de las ONG que actúan en Colombia,
como resultado de la efectiva actividad
diplomática que llevan a cabo en
muchos países —especialmente
de Europa—, gracias a la cual durante
los últimos años han logrado
ganar la credibilidad de organizaciones
oficiales y privadas que creen ingenuamente
que las FARC y el ELN son grupos de revolucionarios
idealistas que luchan por la libertad de
su pueblo.
Este nuevo informe de las ONG cae nuevamente
en el lugar común de considerar como
violaciones de los Derechos Humanos solamente
a los abusos cometidos por miembros de los
organismos de seguridad del Estado. Generaliza
en acusaciones hacia estos —responsabilizándolos
directamente por los actos individuales
de sus integrantes— e insinúa
la existencia de una política estatal
que favorece el irrespeto de los derechos
fundamentales de la población.
Como es usual, no califica como violaciones
a los Derechos Humanos los asesinatos selectivos
e indiscriminados y los actos terroristas
cometidos por las guerrillas de las FARC
y el ELN, a los cuales clasifica dentro
de la categoría de contravenciones
al Derecho Internacional Humanitario.
Las organizaciones autoras de este documento
se han declarado "defensoras de los
Derechos Humanos" y no del DIH. En
esta diferencia semántica se escudan
para no ocuparse de los crímenes
de los grupos terroristas.
En el acto de posesión del general
Édgar Alfonso Lesmes como comandante
de la Fuerza Aérea Colombiana, el
presidente Uribe salió al paso de
las críticas contenidas en el libro
de las ONG's contra la gestión de
los Derechos Humanos en su administración
y contra su política de Seguridad
Democrática.
Fue enfático al condenar la tolerancia
y la convivencia de entidades serias y prestigiosas
dedicadas a la investigación y el
análisis de la realidad nacional
con los que denominó "traficantes
de Derechos Humanos". Estos guerrilleros
camuflados de civiles han infiltrado a muchas
de las ONG, y aquellas que no los han acogido
aún deberán marcar cuanto
antes distancia y diferencia con las que
ya han sido contaminadas.
El Presidente dejó claramente establecidas
en su discurso las diferencias existentes
entre los investigadores que colaboraron
en la preparación del Informe Nacional
sobre Desarrollo Humano, patrocinado por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
—con cuyas conclusiones se puede estar
de acuerdo o en desacuerdo, pero merecen
absoluto respeto—, las organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos de reconocido
prestigio que actúan en nuestro país
y las organizaciones de fachada que utiliza
el terrorismo para atacar a las instituciones
colombianas legalmente constituidas.
La intervención del primer mandatario
ha generado comentarios de todo tipo: desde
los más viscerales, emitidos por
varios representantes de las ONG que se
sintieron aludidos por sus señalamientos,
pasando por los de voceros de las organizaciones
internacionales de Derechos Humanos que
siempre tienen listas sus réplicas
a las reacciones del Gobierno colombiano,
hasta quienes la entendieron en su contexto
como una reafirmación de principios
en la lucha contra el terrorismo.
Lo más sorprendente es el sensacionalismo
y la superficialidad con que varios columnistas
y editorialistas han lanzado sus críticas
a la reacción de Uribe —con
muchos argumentos de forma y pocos de fondo—.
Antes de pronunciarse sobre temas tan delicados
deberían hacer una reflexión
más profunda, para que sus opiniones
no los conviertan en otro grupo de idiotas
útiles en beneficio de los grupos
terroristas.
Corresponde a los organismos de control,
y no al Gobierno, seguir adelante con las
investigaciones de las actividades de esas
ONG de fachada de los grupos armados al
margen de la ley, y a las Fuerzas Armadas
continuar en las tareas de búsqueda
y captura de los terroristas y sus auxiliadores,
con estricto apego a la ley y a los Derechos
Humanos de todos los ciudadanos.
Para cumplir con su deber, las instituciones
y las fuerzas del Estado deben entregar
al país a los culpables y no fabricar
culpables. Así le darán total
legitimidad a su labor y dejarán
sin piso las acusaciones de aquellos tuertos
que sólo ven por el ojo izquierdo
las violaciones que se cometen contra los
Derechos Humanos de los terroristas y los
activistas de izquierda, y no tienen en
cuenta las atrocidades que las organizaciones
guerrilleras cometen contra el pueblo colombiano.
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